Política de defensa y seguridad

a) La política de defensa de la Unión Europea se basa ante todo en la aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP). Este instrumento, instaurado por el Tratado de Lisboa, permite a un núcleo de Estados miembros de la UE desarrollar su colaboración en el ámbito de la defensa. Fue activado en 2017 por un gran grupo de 25 Estados miembros (a excepción únicamente de Reino Unido, Dinamarca y Malta). El CEP permite a los Estados miembros establecer compromisos recíprocos relacionados con el aumento y la coordinación de sus gastos de defensa, con la participación en programas de armamento de cooperación europea y con el fortalecimiento de las capacidades operativas de sus fuerzas armadas. Mientras tanto, se ha puesto en marcha un segundo mecanismo, el Fondo Europeo de Defensa para financiar la investigación en el ámbito militar (13.000 millones de euros). En junio de 2018 se lanzó la Iniciativa Europea de Intervención (IEI), que agrupa a 9 países, para realizar intervenciones externas conjuntas.

Además, sería conveniente buscar un modelo de regulación y defensa del ciberespacio a escala europea. De hecho, el ciberespacio se ha convertido en un lugar de confrontación en el que las acciones ofensivas contra los sistemas informáticos estatales, las infraestructuras críticas o las empresas de interés estratégico se han convertido en cotidianas; actualmente, pueden afectar enormemente a nuestras defensas y nuestra seguridad interior, así como causar efectos sistémicos en el funcionamiento de nuestras sociedades. No cabe duda de que estos ataques pronto serán letales. Por lo tanto, el PDE debe convertirse en una fuerza que aporte propuestas para que, a nivel europeo, se aplique una respuesta penal efectiva a los delitos cibernéticos, se promueva una cultura compartida de seguridad informática y se contribuya a una Europa digital fiable y segura.

b) La lucha contra la amenaza terrorista:

Hoy en día, y desde hace algunos años, la seguridad es la principal preocupación de todos los ciudadanos de la Unión, especialmente tras los múltiples ataques terroristas ocurridos en suelo europeo. La amenaza terrorista evoluciona de forma rápida y constante. Se trata de una amenaza polimorfa, endógena y exógena. También se trata de una amenaza terrorista plural, ya que existen multitud de “terrorismos”, como el terrorismo denominado “islamista”, pero también el terrorismo de extrema derecha o de extrema izquierda. Si queremos luchar de forma eficaz contra esta amenaza, que afecta a nuestros valores europeos, debemos proporcionar respuestas eficaces, múltiples y coordinadas.

La amenaza terrorista nos atañe a todos: afecta al conjunto de la Unión, ya que los terroristas franquean muy fácilmente las fronteras materiales e inmateriales. Por ello, es fundamental que las respuestas sean europeas, para que nuestra Unión construya un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia.

Nuestras recomendaciones son las siguientes:

Fundemos todas nuestras políticas de lucha antiterrorista en un principio clave: el equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto de los derechos fundamentales y los valores europeos. Frente al oscurantismo y la negación de nuestros valores europeos, defendamos los derechos fundamentales y respetemos nuestros valores democráticos. La protección de la vida privada es un derecho fundamental: rechacemos la creación de una sociedad basada en la vigilancia generalizada, en la que todos podrían considerarse sospechosos.
Hemos de maximizar el valor añadido de la Unión en el intercambio de informaciones y en la colaboración. No podemos luchar contra la amenaza terrorista sin colaboración, ni intercambio de informaciones. En este sentido, la Unión desempeña un papel fundamental. Para ello, debemos aprovechar y reforzar las agencias europeas, por ejemplo, transformando Europol en una auténtica autoridad policial europea con un poder de iniciativa real. En lo que respecta a los servicios de inteligencia, el PDE aclama la creación de una Academia de Inteligencia, un primer paso importante para favorecer la cooperación, con la finalidad de crear a largo plazo una auténtica agencia de inteligencia europea.
Centrémonos en la raíz de la cuestión intensificando nuestros esfuerzos contra la radicalización. No podemos limitar nuestra respuesta a políticas de seguridad. Hagamos una reflexión real sobre nuestra sociedad: sobre la integración, sobre el bienestar social, sobre el empleo, para comprender por qué los ciudadanos, y en particular los jóvenes, se están radicalizando. Luchar contra la radicalización también conllevar combatir los canales de difusión de la propaganda terrorista, tanto en Internet como en prisión. Debemos aunar todos los recursos y conocimientos y utilizarlos para una detección y prevención oportunas del radicalismo y para la desradicalización en aquellos ámbitos en los que ya está presente la radicalización.
Privemos a los terroristas de su financiación y de sus mecanismos de acción. Para impedir los atentados, nuestro objetivo ha de ser la raíz de la guerra: la financiación. En este sentido es necesario actuar en varios frentes, siguiendo los métodos de las organizaciones terroristas. De igual modo, la Unión debe aplicar sus políticas con anticipación para tener ventaja sobre los terroristas, por ejemplo, regulando las criptomonedas, que están emergiendo.
Juzguemos a los terroristas: ¡hacia una mayor armonización entre los Estados de la Unión! En los últimos meses, tras la caída del Califato, se plantea la cuestión fundamental de los “repatriados” y del juicio a las personas arrestadas en Siria, Irak, o en territorio kurdo. También la de las personas que están saliendo de prisión. Todas las personas deben ser juzgadas y disponen de derechos. Los Estados no pueden pasar por alto este hecho. La Unión debe actuar armonizando las sanciones dentro de los estados y aplicando penas mínimas. Del mismo modo, tenemos que ampliar las competencias de la futura Fiscalía Europea a los delitos transnacionales graves y al terrorismo.
Consolidar aún más el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea: la necesidad de proteger nuestras fronteras exteriores no debe en absoluto favorecer el desarrollo de identificaciones entre migración y terrorismo: ¡no olvidemos que el 70 % de los ataques son perpetrados por ciudadanos europeos! No obstante, nuestra Unión debe proteger sus fronteras exteriores, especialmente a través de la europeización de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.